Desde Estados Unidos, el Ministro de Economía anunció sobre el cierre de la semana anterior que pondría en marcha “un programa de incremento exportador, que pretende de alguna manera facilitar en el año de sequía la capacidad y el cumplimiento de los contratos de nuestros exportadores, entendiendo las dificultades que sufrieron nuestros productores”.
Así, Sergio Massa volvería sobre la idea que motivó el Dólar Soja en 2022 con un tipo de cambio diferencial, que había afectado de forma profunda a los costos productivos, tanto en los tambos como en las industrias. Este miércoles se conocería oficialmente la medida y la “letra chica” que sólo apunta a darle oxígeno al Gobierno.
Sin embargo, desde las pymes lácteas consideran que la iniciativa “ahoga al sector productivo y agroindustrial”. “Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas exigimos que los anuncios que se esperan sobre un Dólar Agro incluyan en el beneficio de un diferencial en la cotización a las exportaciones de productos lácteos, para no seguir relegando los negocios”, indicaron desde Apymel. Y advierten: “se torna imposible poder colocar los excedentes de leche en el mercado internacional, por los mayores costos que determinará esta medida”.
Cabe destacar que el incremento del valor de la principal proteína que es la base de la alimentación en los tambos genera la necesidad de aumentar el precio de la leche, cuyo impacto directo abarca a todos los lácteos. “Así que queda clara la necesidad de equiparar la relación de precio de un kilo de soja, con un litro de leche para mantener viable el negocio tambero”, señalan.
Y afirman: “estamos convencidos que las políticas implementadas recientemente fueron deteriorando a nuestra cadena y necesidades, con restricciones en cada eslabón. No sólo estamos afectados por las consecuencias de los pasados dólares soja, sino que la sequía generó alzas impensadas en la estrategia de reserva para el próximo invierno en el eslabón primario y eso impactará en nuestra productividad”.
Debe señalarse que desde el sector reconocen que la puesta en marcha del nuevo Régimen de Percepción del Impuesto al Valor Agregado (RG 5329/23 y 5334/23), que suma el tres por ciento a todas las operaciones de venta de productos alimenticios, “complica la operación de las empresas por la necesidad de fondos que no se pueden obtener del traslado de precios al consumo”.
Y concluyeron: “estamos frente a una realidad compleja de resolver y que sólo podemos enfrentar con la continuidad de nuestro trabajo, con la condición necesaria de la claridad de reglas para poder seguir adelante”
